Rogelio Agustín
Esteban/SNI
CHILPANCINGO, GRO. La Costa Chica de Guerrero vive el
primer levantamiento armado de 2013, ya que policías comunitarios de cuatro
municipios realizan operativos de búsqueda para desarticular a las células del
crimen organizado que operan en la zona.
El secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de la
comunidad de Rancho Nuevo, perteneciente al municipio de Tecoanapa generó la
irritación de las comunidades aledañas, que la noche del domingo enfrentaron a
un sicario y lo mataron, luego detuvieron a varios de sus cómplices.
La mañana del domingo 6 de noviembre, habitantes de la
comunidad de Rancho Nuevo se comunicaron con la dirigencia de la Unión de
Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) para reportar el secuestro
de su comisario.
Dicha organización se apoyó en un grupo de policías
comunitarios que el pasado 15 de noviembre tomaron protesta como integrantes de
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), aunque después
decidieron quedarse al margen de ella.
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El grupo de comunitarios que operan en Ayutla se movilizó
para iniciar un despliegue de búsqueda en la cabecera municipal y colocó dos
retenes; uno en la entrada que llega de Tecoanapa y otro en la gasolinera que
se ubica en la salida hacia San Marcos.
Los coordinadores del movimiento pidieron que su
identidad se mantenga a reserva, pero señalaron que la noche del domingo se
suscitó un enfrentamiento con los tripulantes de un automóvil al que le
marcaron el alto y no se quiso detener, el chofer disparó un arma de fuego
contra el retén y los comunitarios respondieron.
El resultado de la zacapela fue de un muerto y un
detenido.
Explicaron que el muerto es un joven al que en una
ocasión se le había detenido por extorsionar y secuestrar personas, por lo que
al marcarle el alto la noche del domingo se resistió, accionó su arma y pereció
al recibir la respuesta de los comunitarios.
La movilización que inició en Ayutla se propagó
rápidamente a Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande, en donde los pobladores
tienen ubicadas las casas de seguridad en que operan.
Los ganaderos del municipio denunciaron que el crimen
organizado ya les reclamaba el pago de piso, después fueron sobre los
comerciantes y los campesinos.
“Ya nada más faltaba que nos quisieran pedir a nuestras
mujeres e hijas, por eso decidimos que ya no podíamos aguantar más y hoy,
aunque inicialmente nos apoyamos en la UPOEG estamos dando la pelea”, apuntó
uno de los dirigentes.
La UPOEG es una organización integrada por promotores de
la Policía Comunitaria que surgió en 1995 en la zona mixteca de San Luis
Acatlán, pero ya fue superada por los grupos de comunitarios inconformes.
Los comunitarios mantienen el control de sus carreteras
en los municipios de Ayutla, San Marcos, Cruz Grande y Tecoanapa, aunque
reconocen que el movimiento va a crecer en toda la región porque la población
ya no aguanta el asedio al que se le somete desde hace varios años.
“Esto ya no se va a detener y vamos a permanecer
movilizados el tiempo que sea necesario, sabemos quienes son; tenemos nombres y
los conocemos, no vamos a descansar hasta que se vayan de nuestras comunidades
y municipios”.
Como ocurre en otras partes del estado y del país,
señalan que antes de tomar esta determinación recurrieron a las autoridades
pero estas les quedaron mal.
El lunes se presentó a la cabecera de Ayutla personal de
la fiscalía antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y pidió
que le entregaran a los detenidos, que son varios pero no especificaron la
cantidad.
Se los negaron bajo el argumento de que los van a someter
a un tratamiento de reeducación en las comunidades indígenas, ya que temen se
les libere y regresen para buscar venganza.
Uno de los dirigentes, cubierto del rostro con un
paliacate dijo que el gobernador Ángel Aguirre Rivero ya está enterado de lo
que pasa y que les ha dado su respaldo, aunque por la mañana el secretario
general de gobierno, Humberto Salgado Gómez dijo no tener información sobre lo
que pasaba.
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