CHILPANCINGO, GRO. Líderes de 27 organizaciones campesinas
exigieron justicia para los diez jornaleros agrícolas asesinados en un campo
melonero de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente del estado.
La mañana del domingo 3 de marzo, un grupo de sicarios
irrumpió en un campo melonero ubicado en las inmediaciones de los pueblos de
San Pablo Oriente y El Remanso, ambos pertenecientes al municipio de Ajuchitlán
del Progreso, y mataron a diez jornaleros agrícolas, nueve hombres y una mujer.
Seis de las víctimas eran originarias de la Montaña baja
y región Centro, principalmente de los municipios de Ahuocotzingo y Chilapa de
Álvarez, lo que generó malestar entre los dirigentes del Foro Permanente de
Organizaciones Sociales y Campesinas (FPOSC), que aglutina a 27 organizaciones
de productores del campo.
Gerardo León Hurtado, integrante de la Mesa Directiva del
FPOSC, destacó que en noviembre de 2012 se registró el asesinato de Francisco
Piedragil Ayala, quien fuera director del Consejo Estatal del Café (Cecafe) y
desde entonces se ha pedido el esclarecimiento del crimen.
Aunque son varias las reuniones de trabajo que se han
sostenido con la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Martha
Elva Garzón Bernal, hasta el momento no les han reportado avances importantes.
“Nosotros hemos pedido que este no sea un caso más que
quede impune, por eso hemos llamado a realizar un homenaje póstumo a nuestro compañero
el próximo 15 de marzo, por ahora se nos presenta este acontecimiento que nos
deja completamente consternados”, indicó el dirigente.
Abundó: “El hecho que se reporta nos causa zozobra,
porque es gente que se dedica solamente a regar y fumigar las parcelas, mil 650
hectáreas explotadas por una empresa canadiense que opera con prestanombres
michoacanos y guerrerenses”.
Solicitó la puesta en marcha de un programa de vigilancia
real y no simulado, porque en esa parte de Guerrero existe un vacío de poder
muy claro: “Es una zona en la que impera la voluntad de los muchachos malos”.
Recordó que Guerrero no es solamente el puerto de
Acapulco y particularmente la costera Miguel Alemán, sino que abarca 81
municipios y todos necesitamos vigilancia.
“Queremos justicia para todos, no solamente que se actúe
con celeridad cuando los agredidos sean turistas extranjeros”, apuntó.
En la reunión participaron dirigentes como Sebastián de
la Rosa Peláez, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas
(CODUC), la Asociación Civil Calmecatl, la Liga de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos (LCASC) y la Asociación de Silvicultores Unidos del
Estado (ASUE), entre otras organizaciones.
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