CHILPANCINGO, GRO. La
Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJ) se comprometió con
familiares de las personas entregadas por la autodefensa de la Costa Chica a
garantizar el respeto a sus derechos humanos, además de que su situación
jurídica se defina con estricto apego a la ley.
La mañana del viernes, la coordinadora de asesores de la
PGJ, Anacleta López Vega recibió a un grupo de familiares de las personas
entregadas por la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG),
tras las acciones desplegadas durante los primeros días de enero.
El compromiso afianzado este viernes, lo hizo a nombre de
la fiscal guerrerense Martha Elva Garzón Bernal.
Indicó que la dependencia tiene el compromiso de respetar
con estricto apego a la ley los derechos humanos de los arraigados, a los que
dijo, se les ha brindado atención médica y psicológica, por parte de personal
profesional.
En un comunicado, la PGJ indicó que la vigilancia del
caso ha estado a cargo de la dirección General de Atención a Víctimas del
Delito y Servicios a la Comunidad.
Como prueba de que se han respetado las garantías de los
arraigados, dijo que está el hecho de que los familiares han estado en contacto
directo con ellos.
En la sala de juntas de la PGJ, López Vega escuchó a los
familiares de los entregados por la autodefensa, los que también expresaron su
confianza de que haya la atención correspondiente y que no se permitan excesos.
La funcionaria manifestó que se realizan las
investigaciones encaminadas a establecer correctamente si los detenidos por la
UPOEG tienen responsabilidad o no en los hechos que se les imputan.
Los familiares de los arraigados fueron encabezados por
el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos,
Manuel Olivares Hernández.
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