* Relato de Gerardo Torres, a quien la Policía Ministerial le
sembró un cuerno de chivo el 12 de diciembre de 2012
Rogelio Agustín Esteban
CHILPANCINGO, GRO. La primera vez que disparó un arma, Gerardo
Torres tenía los cañones de dos rifles presionando su cabeza. Una daga se
hundía en la piel morena de su cuello, mientras la sangre humedecía el piso de
tierra blanca de una cabaña levantada con madera y techo de lámina de cartón.
-¡Ya te chingaste! Con esto tenemos para meterte 20 o 30 años en
la cárcel- Celebró uno de los siete policías encapuchados, que de las
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero lo
llevaron hasta un paraje solitario en la salida norte de Chilpancingo, la tarde
del 12 de diciembre de 2011.
Doblado su espíritu de 21 años, tras varias horas de golpes,
patadas, culatazos y amenazas de muerte, el estudiante de la Normal Rural de
Ayotzinapa abrió el puño que ocultaba su dedo meñique y, permitió así, que los
agresores oprimieran el gatillo del arma. Una, dos, tres y hasta ocho veces.
Con la paciencia de un experto en la materia de construir
responsables de culpas ajenas, los del rostro cubierto recogieron los cartuchos
percutidos.
Ya con la pólvora impregnada en la mano, Gerardo fue aventado en
la caja de una camioneta pick up color blanca, lo cubrieron con una sabana para
que los automovilistas no lo vieran y regresaron a la ciudad.
Entre pisotones y burlas, le hicieron saber que estaba listo para
ser presentado como culpable de la balacera desatada el mediodía de ese lunes
guadalupano, en donde murieron sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y
Alexis Herrera Pino.
-Tu ya no tienes escapatoria, te vas a quedar entambado casi toda
tu perra vida- repetían muchas veces los encargados de convertirlo en chivo
expiatorio, mientras la cara del joven se quemaba en el piso metálico de la
camioneta.
*********
Gerardo era parte del grupo de normalistas rurales que llegaron a
la entrada sur de Chilpancingo para iniciar un bloqueo a la carretera federal,
en un intento por llamar la atención del gobernador del estado y pedir plazas
para sus egresados, matricula en el nuevo ingreso y un director con perfil profesional.
No pasaron ni quince minutos cuando la Policía Federal, luego la
del estado y al final los ministeriales arremetieron contra ellos; primero con
balazos al aire y después de manera directa, según los testimonios aportados
por los participantes de la protesta.
Intentaba escapar cuando fue capturado por policías ministeriales,
estaba dentro de un autobús que utilizó para llegar a la salida sur de
Chilpancingo.
Los ministeriales sometieron al chofer y los estudiantes bajaron
con las manos en la nuca, con la intención de mostrar que no presentarían
resistencia.
“Nos agarran de la cabeza y nos presionan contra el suelo, ya que
nos tenían dominados nos comenzaron a dar patadas a los costados y en la cara.
Nos dieron con la culata del arma, luego nos agarraron de la camisa y nos
echaron dentro de una camioneta. Uno encima del otro”.
“Los policías hicieron tres capas con los cuerpos de los
estudiantes, lo sé porque iba arriba de alguien, al tiempo que otra persona
estaba encima de mi”.
En el recorrido, los captores les dijeron que los llevarían a
perder para que ya nunca aparecieran, que de una vez se despidieran de este
mundo.
**********
Ya en el antiguo edificio de la Procuraduría de Justicia, un grupo
de policías encapuchados le mostraron el casquillo percutido de un arma que
hasta ese momento desconocía.
“Ellos dijeron que yo lo traía y que era un cuerno de chivo, me
cuestionaron sobre el lugar de donde lo había sacado y donde tenía escondida el
arma, por eso me sacaron de los separos y me llevaron a un baño que se
encuentra en la misma procuraduría”.
En ese lugar recuerda que vio a tres hombres vestidos con pantalón
verde olivo, botas negras y cubiertos del rostro con capuchas negras.
“Me pusieron el casquillo enfrente y me dijeron que si no les
indicaba el lugar donde estaba el arma, me iban a matar ahí mismo”.
Gerardo Torres relató la vivencia durante su comparecencia ante la
Comisión Instructora del Congreso local, dentro del juicio político que se
sigue al ex procurador Alberto López Rosas y al ex secretario de Seguridad
Pública Ramón Almonte Borja.
Ante los diputados locales recordó que ya en los baños de la PGJ
comenzó una sesión de golpes; lo azotaron contra los lavabos, luego hacia los
inodoros, le quitaron el pantalón y la playera para dejarlo solo con la ropa
interior.
Aproximadamente 45 minutos después lo sacaron del lugar. Iba
encapuchado para que no se notara la sangre que le
escurría de las fosas nasales, la boca y cabeza.
Lo devolvieron a los separos junto con el resto de los estudiantes
detenidos.
Cada que un ministerial entraba a verlos en el área de detenidos
preguntaba por el del cuerno de chivo, cuando lo ubicaban le asestaban patadas
en varias partes del cuerpo. Después se retiraban haciendo escarnio de la
acción.
“Después de unos 40 minutos me sacaron de las instalaciones de la
procuraduría y me llevaron hacia la salida norte de la ciudad, aunque tenía la
cara tapada con un trapo, abrí bien los ojos para ver aunque fuera borroso el
lugar donde me querían meter”.
“Me metieron a una casa de madera y piso de tierra, lo sé porque
me obligaron a hincarme y toqué el piso; tres se quedaron afuera vigilando,
mientras cuatro se metieron para interrogarme”.
-¿Has disparado un arma?
No señor, nunca.
-Pues ahora va a aprender cabrón-
Dijo el que estaba al frente del grupo.
Uno de los encapuchados acercó un arma larga que por primera vez
tuvo a la vista, no pudo hacer más que agachar la cabeza.
-La disparas o aquí te quedas. Ordenó el encapuchado a gritos.
Por algunos momentos cerró los puños y ocultó el dedo meñique de
su mano derecha, temeroso de dejar sus huellas en el rifle.
El golpe seco de un impacto de bala perforó el techo de la
vivienda, la oquedad de los cañones haciendo presión sobre su cabeza y la punta
de una daga en el cuello vencieron su resistencia.
También le advirtieron que de no empujar el gatillo con el dedo no
saldría vivo del lugar, que su cuerpo aparecería tirado en una brecha o en
algún barranco, incluso hasta sepultado en una fosa clandestina.
Reconoció que no había más opción, tenía que firmar su acta de
culpabilidad.
“Pensé que ya no había más alternativa, tenía que disparar o me
iban a matar. Puse mi dedo en el gatillo y ellos los iban presionando, lo
hicieron hasta en ocho ocasiones y siempre tuvieron el cuidado de recoger los
casquillos percutidos.
Cuando me sacaron dijeron que ya me había chingado, que con eso
tenían pruebas para meterme de 20 hasta 30 años en la cárcel.
Me subieron a la camioneta otra vez, me encapucharon y regresamos.
Antes de entrar a la ciudad hicimos una parada, entonces pusieron una sabana
arriba de mi, para ocultarme y seguir golpeando.
Un policía que quedó arriba conmigo y me dijo que yo no tenía
escapatoria. Que me iba a quedar de 20 a 30 años en la cárcel.
De la declaración
“Cuando me regresaron a los separos de la procuraduría me llevaron
a un edificio separado y aislado, me negaron la oportunidad de ser asistido por
un abogado que yo había escogido. Solo me asignaron al defensor de oficio que
puso el gobierno del estado”.
En la declaración ante el Ministerio Público, el estudiante fue
cuestionado sobre la vida interna de Ayotzinapa, quienes ejercen el
liderazgo y con qué organizaciones tienen relación.
Decidió no responder porque dedujo que las preguntas no estaban
relacionadas con la acusación del arma, además provocaría que sus compañeros
vivieran una la misma experiencia, entonces le recetaron otra golpiza.
Casi una hora después, a las instalaciones de la PGJ llegaron
representantes de diferentes organismos de derechos humanos, ante los que
relató la vivencia ocurrida durante toda la jornada, seguro de que ya no tenía
mucho que perder.
La conferencia
Aproximadamente a las 19 horas del 12 de septiembre de 2011, el
entonces procurador de Justicia, Alberto López Rosas encabezó una conferencia
de prensa acompañado del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Ramón Almonte
Borja.
Habló sobre la detención de un joven de 19 años, originario del
puerto de Acapulco, que según él, no era estudiante de la Normal pero estaba en
el bloqueo de la autopista con un cargador de AK-47.
“Los policías lo detuvieron y tras interrogarlo, él mismo los
condujo al lugar donde tenía escondida el arma”, aseguró ante los reporteros.
No dio más detalles pero ordenó la exhibición del arma.
Gerardo fue liberado junto con otras 23 personas detenidas en la
carretera la tarde del 13 de diciembre; entre estudiantes, activistas de
organizaciones sociales y ciudadanos inocentes que por mala suerte estaban
cerca del lugar.
Por esa liberación la Procuraduría General de la República (PGR)
inició una averiguación previa contra más de 40 funcionarios de la PGJ, por
evasión de reos y obstrucción de la justicia.
En sus alegatos, el ex procurador López Rosas muestra fotos de
Gerardo Torres apuntando con el dedo al grupo de la Policía Federal (PF) que
acudió a la carretera, asegura que es una prueba de que los jóvenes siempre
culparon a la corporación federal de la muerte de sus compañeros.
En las imágenes siempre se le ve desarmado.
Cada que se pregunta al ex fiscal sobre la causa por la que se
intentó fabricar un chivo expiatorio, evita profundizar sobre el tema y se
limita a responder que fue la información que le acercaron los agentes de la
PIM, la cual dio por buena y juzgó importante mencionarla durante la
conferencia del 12 de diciembre. La última que ofreció como fiscal.
Gerardo cursa el cuarto grado en la Normal Rural de Ayotzinapa,
tiene 21 años y trata de terminar su carrera para ejercerla en una comunidad
retirada, se sabe en riesgo y admite que tiene miedo.
Cada que ve patrullas de la Policía Ministerial recuerda los
cañones de las armas sobre su cabeza, la hoja de acero sobre la yugular y las
voces que le auguraban por lo menos 20 años de prisión.
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