* En su comparecencia, los estudiantes se desmarcan del
incendio que mató a Gonzalo Miguel Rivas
CHILPANCINGO, GRO. Ante la Comisión Instructora del Congreso
local, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se desmarcaron del
incendio que mató al empleado de la gasolinera Eva II, Gonzalo Miguel Rivas
Cámara y ratificaron su versión de que la Policía Federal (PF) fue la primera
en disparar en su contra durante el desalojo del 12 de diciembre de 2011.
La diligencia convocada por la Comisión Instructora del
Poder Legislativo de Guerrero se desarrolló en medio de protestas, pues cerca
de cien alumnos del plantel se quedaron afuera, lanzando consignas a favor de
sus compañeros caídos en la Autopista del Sol.
A diferencia del ex procurador Alberto López Rosas, que en
su comparecencia proyectó más de 50 minutos de video, los estudiantes llevaron
solamente un croquis dibujado en cartulina blanca, en él que señalaron la
posición en que se ubicaron sobre la carretera el mediodía del 12 de diciembre.
Respecto al orden en que se incorporaron los policías,
dijeron que primero llegaron 40
elementos de la Policía Federal (PF), quienes comenzaron a disparar sus armas
largas para amedrentarlos casi a los 15 minutos del cierre de la carretera.
Explicaron que algunos se apostaron de frente, mientras que
otros se parapetaron tras los árboles que se ubican en el lado derecho de la
vía.
Casi de inmediato se sumó la policía estatal encabezada por
el general Ramón Arreola Ibarría, la que aseguran también estaba armada y solo
pocos portaban equipo anti-motín.
Al final, aunque en un lapso muy breve de tiempo llegaron
los elementos de la PIM, que a decir de los estudiantes tenían rifles y
pistolas en las manos en su totalidad, incluso los llamados académicos, que el
ex procurador Alberto López Rosas asegura estaban desarmados.
Como prueba de que todos los ministeriales estaban armados,
señaló Pablo Juárez, se puede revisar la fotografía en que aparece Ismael
Matadama Salinas con un R-15 en las manos apuntando hacia el contingente.
“Él era de los llamados académicos que defiende el ex
procurador López Rosas, lo ha dicho varias veces, que casi acababa de entrar a
la corporación y se le ve en las imágenes con un arma larga en las manos,
apuntado a los compañeros”.
Sostuvieron que la PF y la PIM dispararon en contra de la
protesta, pero también manifestaron que la preventiva estatal estaba armada y que
no hubo un protocolo para disolver el bloqueo sin utilizar armas de fuego.
En la carretera murieron Gabriel Echeverría de Jesús y
Alexis Herrera Pino, pero además hubo tres heridos; uno recibió un balazo que
le atravesó el cuerpo y le rozó un pulmón, vive pero con secuelas para muchos
años. Otro recibió un disparo en la pierna y otro alumno más fue alcanzado en
el tobillo.
En la diligencia estuvieron los padres de los dos
estudiantes abatidos, María Amadea de Jesús Tolentino y su esposo Gabriel
Echeverría, además del señor Jorge Herrera Suárez.
Se desmarcan del
incendio en la autopista
Respecto al incendio en la
gasolinera, Diego Castro Martínez, vocero de la sociedad de alumnos,
señaló que junto a sus compañeros se ubicó a 50 metros de dichas instalaciones
y pudo observar a dos personas vestidas con playeras rojas corriendo en el
momento en que se comenzaba a generar el fuego.
“Vimos que dos tipos vestidos de rojo corrieron hacia donde
estaba la policía federal, hacia el lado norte de la carretera; primero salió
el humo de por lo menos tres bombas de gas lacrimógeno que nos aventaron para
dispersarnos, pero luego notamos que en el ambiente también había mucho humo
que salía de la gasolinera”.
Para los estudiantes era muy complicado llegar hasta ese
punto, en primer lugar porque ahí estaban parte de los hombres que les
disparaban, además e que justo enfrente, en la otra gasolinera, un grupo de 17
normalistas era sometido a golpes y patadas por los federales.
“Ninguno de nosotros llevaba playeras rojas, esos dos las
portaban para distinguirse”, concluyó Pablo Juárez.
Recordaron que en poco tiempo se sumaron los elementos de la
PIM, cuyos disparos impactaron los autobuses en que se trasladaban, rompieron
el cristal de un tráiler y probablemente asesinaron a sus compañeros, aunque
reconocen que no tienen la certeza plena para asegurarlo, por la confusión que
se generó en el momento.
También llegaron elementos del Ejército Nacional, pero los
normalistas aseguran que no abrieron fuego; “se limitaron a resguardar la zona
y facilitar la retirada de algunas personas que no tenían nada que ver en los
hechos”.
Piden que no haya
sobreseimiento
Diego Castro se asume como sobreviviente de un hecho que
marcó la historia reciente del estado y pide que el juicio político no se
detenga, como lo planteó la semana pasada el ex procurador Alberto López Rosas.
“Nosotros queremos que estos hechos no queden en el olvido y
sobre todo, que no haya impunidad para los responsables, necesitamos comprobar
que en Guerrero la justicia se puede hacer valer”, indicó.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña (CDHM), entregó a los diputados varios videos que no
están actualmente en el expediente y que son importantes para quienes estudian
el caso.
“Ojala que el Congreso local ponga limites al uso del poder,
porque más allá de quien haya dado muerte a nuestros compañeros, el 12 de
diciembre hubo un uso excesivo de a fuerza, se practicó la tortura y se
pretendió fabricar un delito, además de que en forma deliberada se alteró la
escena del crimen”, sostuvo.
Manifiestan
solidaridad
A nombre del Congreso local, el presidente de la
Instructora, Omar Jalil Flores Majúl manifestó solidaridad hacia los padres y
hermanos de los estudiantes muertos.
“Nosotros estamos con la firme intención de que se llegue a
la verdad, esta comisión instructora hace pública la determinación de no
doblarse ante las presiones políticas para llegar hasta el final, para
contribuir al esclarecimiento de estos hechos vergonzosos del 12 de diciembre
del año pasado”, aseveró.
La comparecencia se desarrolló sin sobresaltos, aunque
habían cerrado los accesos al inmueble,
los estudiantes los liberaron a petición directa del presidente de la Comisión
de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez.
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