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Es una declaratoria de Guerra, dice la REDH
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El Cecop amaga con sacara a relucir sus machetes
Rogelio Agustín Esteban/SNI
CHILPANICINGO, GRO. La Red de Organismos de Derechos Humanos
del Estado de Guerrero (REDH), consideró una declaratoria de guerra del
gobernador Ángel Aguirre contra las organizaciones sociales, al anticipar que
actuará con mano dura ante las protestas.
Manuel Olivares Hernández, director de la REDH sostuvo que
el discurso dado a conocer por el jefe del Poder Ejecutivo local en el
transcurso de la semana, en el sentido de que actuará con firmeza ante los
grupos que realicen movilizaciones en la entidad, es una señal muy clara de que
el discurso supuestamente tolerante de Aguirre Rivero ya se agotó.
“Para nosotros ese mensaje del gobernador es una
declaratoria de guerra, nos está diciendo que viene con todo en contra de las
organizaciones que se movilicen para reclamar la solución de sus demandas”,
señaló Olivares Hernández.
Sostuvo que no se olvida que durante el primer gobierno
de Aguirre Rivero, de 1996 a 1999 se protegió a los responsables de la masacre
de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, también se tergiversó la matanza
de 11 indígenas en la comunidad de El Charco, en el municipio de Ayutla de los
Libres y se ordenó un desalojo de estudiantes de Ayotzinapa en palacio de
gobierno, en febrero de 1997.
Por esa razón, dijo que es necesario que haya unidad
entre los grupos de ciudadanos que se organizan para resolver problemas o
exigir justicia ante los abusos.
“No podemos renunciar a nuestro derecho de expresarnos,
aunque se nos diga que vienen con todo y contra todos, aunque eso pueda
costarnos la vida”, indicó Olivares en el mitin que se desarrolló frente a
palacio de gobierno.
Antes, el director del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña (CDHM), Abel Barrera Hernández reprochó que la tarde del martes, la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) diera a conocer públicamente el monto
de los apoyos que hasta la fecha se han entregado a las familias de Gabriel
Echeverría Jesús y Alexis Herrera Pino, los estudiantes asesinados durante el
desalojo de la Autopista del Sol.
Recordó que no se trata de ningún tipo de dádiva, sino de
la indemnización ordenada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
en el contexto del proceso de reparación del daño.
“Pretenden manejar las cosas insinuando que se lucra con
los dolorosos hechos del 12 de
diciembre, lo que es completamente falso y no vamos a permitir que se camine en
esa ruta”, anotó.
Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), advirtió que las
organizaciones están pendientes del desarrollo que lleva el juicio político
instrumentado contra el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas y el ex
secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja.
“Si no hay justicia en este caso los machetes van a salir
a relucir, eso deben tenerlo muy claro”, dijo golpeando la hoja de metal sobre
la caja de metal de una camioneta en la que trepó para emitir un mensaje.
Agregó: “Si no hay solución habrá revolución, no importa
que ahora se diga que se actuará con mano dura en contra de las organizaciones,
nosotros estamos en pie de lucha y no vamos a permitir más agresiones contra
nuestros compañeros”.
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