* Incluir a
civiles implica el riesgo de crear chivos expiatorios en algunos casos
Rogelio Agustín Esteban/SNI
CHILPANCINGO, GRO. El presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (Coddehum) Juan Alarcón Hernández reconoció que el Congreso
local tiene disposición para tipificar a la tortura como un delito grave, por
lo que confío en que el asunto se desahogue cuanto antes.
Alarcón Hernández manifestó su satisfacción por el hecho
de que lo hayan convocado a la discusión relacionada con la tipificación de la
tortura como un delito grave, lo que todavía no existe en el Código de
Procedimientos Penales del Estado.
Recordó que el planteamiento que ha hecho la comisión a
su cargo desde hace ya varios años, es que la figura se la tortura se incorpore
al Código Penal vigente, lo que abre una discusión interesante en Guerrero, por
lo que es importante que los integrantes del Poder Legislativo muestren voluntad
para ello.
El ombudsman señaló que en su momento hizo llegar al
Congreso local una propuesta en ese sentido, con la esperanza de que algún
diputado local la hiciera suya y la promoviera, lo que ocurrió con el ex
diputado local Efraín Ramos Ramírez, integrante del Movimiento Ciudadano (MC).
La propuesta no llegó hasta el final porque se atravesó
el proceso electoral de gobernador y luego el de alcaldes y diputados, lo que
provocó que el Poder Legislativo dejara de abordar temas que son importantes para
la vida en sociedad.
Ahora que no hay proceso electoral en puerta y con un
Congreso local plural, dijo que se generan las condiciones adecuadas para que
el tema se retome y llegue a una discusión final.
Comentó que hay aspectos importantes que pretenden
agregar los diputados, como el hecho de que en el capitulo de sanciones se
incorpore también a los ciudadanos, ya que actualmente solo se contempla a los
servidores públicas, pero también los ciudadanos suelen incurrir en la
agravante.
“Nosotros decimos que si es posible que los ciudadanos
cometan la tortura, pero la mayor de las veces porque van en acuerdo con una
autoridad”, anotó.
Sin embargo, manifestó que de acuerdo a la posición que
tiene la Coddehum, es necesario que en el delito de tortura se sancione a
servidores públicos, que son los que tienen el Poder, armas y la
infraestructura necesaria para someter a las personas.
No descartó la posibilidad de que incluir a los civiles
en el delito de tortura, pueda utilizarse para fabricar chivos expiatorios y
con ello torcer las investigaciones de un caso concreto, por eso sugirió tener
mucho cuidado al momento de discutir el tema.
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