Especial caso Ayotzinapa, las secuelas del desalojo

      ·         Breve relato sobre la confrontación y sus implicaciones, a un año de distancia

·         De las víctimas directas a las colaterales

·         Dudas sobre la posibilidad de que se haga justicia

Rogelio Agustín Esteban

Estudiantes y empleados muertos.

Familias que reclaman justica.

Funcionarios caídos en desgracia.

Un joven con lesiones de por vida.

Policías presos que se declaran inocentes y otros que se asumen como intocables.

Un juicio político condenado al descrédito.

Son algunos elementos que se combinan a un año del desalojo implementado en la entrada sur de Chilpancingo, el mediodía del 12 de diciembre de 2011, en un lunes guadalupano, en el que los rezos a la virgen fueron desplazados por la confrontación desigual.

Un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegó hasta el entronque de la carretera federal con la entrada de la Autopista del Sol, en el lado sur de Chilpancingo para iniciar un bloqueo.

Demandaban la instalación de una mesa de dialogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, ya que las charlas sostenidas con los subordinados no aterrizaban en acuerdos.

Entre sus planteamientos estaba la apertura de matricula para el nuevo ingreso, asignación de plazas para los egresados de la última generación y la designación de un director que tuviera perfil profesional.

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El ofrecimiento de dialogo llegó acompañado de elementos de la Policía Federal (PF), casi todos con armas largas, mucha bala y poca tolerancia.

Después se incorporaron elementos de la Policía Preventiva Estatal (PPE) con equipo anti-motín y al final 40 elementos de la Policía Ministerial (PM), de los conocidos bajo el mote de “académicos” porque eran parte de una generación con estudios mínimos de preparatoria.

Pero en cuestión de minutos los reforzaron 26 agentes no académicos, armados con rifles R-15 y pistolas 9 milímetros.

Tres corporaciones contra un grupo de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 22 años, que estaban armados con piedras, palos y el deseo de que se les atendiera.

Se desataron las ráfagas que tuvieron como respuesta pedradas y palabrotas, un proyectil de los estudiantes alcanzó en la boca al general Ramón Arreola Ibarría, en ese momento coordinador de la Policía del Estado, quien intentaba establecer un cerco para alejar a los alumnos de la carretera.

La sangre en la boca y camisa del jefe enardeció los ánimos de los policías bajo su mando, al tiempo que reavivó los disparos de los elementos que tenían el dedo puesto en el gatillo.

En la confusión se generó el incendio de la gasolinera Eva II en la que se jugó la vida el empleado Gonzalo Miguel Rivas Cámara. Él intentó sofocar el incendio de una bomba despachadora y fue abrazado por la explosión de una garrafa abandonada en el lugar.

Tras una lucha de 19 días murió en un hospital de la Ciudad de México.

En la refriega murieron Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, ellos estaban en el segundo y tercer año de la licenciatura en Educación de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Alexis llegó buscando formarse profesionalmente desde Atoyac de Álvarez, en tanto que Gabriel vivía en la cabecera municipal de Tixtla. Era la esperanza de sus padres y hermanos, que destinaban largas jornadas de trabajo para costear parte de los gastos que tenía en la escuela.  

A 365 días, los padres, hermanos y compañeros reclaman justicia.

Lesionado de por vida

En el desalojo hubo un joven cuyo cuerpo fue atravesado por una bala que le rozó el pulmón derecho, pese al riesgo que implicaba, caminó hacia los agentes de la PF que lo miraban y les solicitó el apoyo.

“Ya me dieron, ahora llévenme al doctor”, les dijo sin recibir respuesta positiva.

Por su propio pie buscó el apoyo de personal de Protección Civil del Estado que le facilitó una ambulancia, él mismo indicó que lo trasladaran a la clínica del ISSSTE y logró que lo atendieran en urgencias.

Casi para entrar al quirófano marcó al celular de su padre, le informó que sufrió un atropellamiento para no asustarlo y tras precisar la ubicación se desmayó.´

Edgar Espíritu Olmedo demostró ser un sobreviviente nato, ya encamado recibió la visita de agentes de la Policía Ministerial en su habitación, ellos tomaron sus huellas y desconectaron el aparato que le drenaba la sangre de su pulmón, Hubiera muerto si su madre no llega a tiempo para ahuyentar a los intrusos a gritos y pedir el auxilio de médicos y enfermeras.

Sigue cursando su carrera, pero tiene el pulmón dañado y recibe un tratamiento costoso, sabe que las secuelas durarán probablemente para toda la vida.

Recibió la oferta de apoyo gubernamental, pero hasta el momento ese no llega.

Se dicen inocentes

Los únicos policías presos por el desalojo del 12 de diciembre son los ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, ellos aseguran que son inocentes y por eso buscaron el amparo de la justicia federal.

El ex procurador Alberto López Rosas sostiene que obtuvieron el amparo desde el mes de julio y que por lo tanto, pueden recuperar su libertad de un momento a otro.

Ambos policías aparecen en muchas imágenes apuntando sus armas de cargo hacia los estudiantes, pero aseguran que nunca las accionaron y prueba de ellos es que no hubo más que dos muertos.

“Si disparo, a esa distancia me llevo fácil a ocho”, declaró antes de entrar a prisión Rey David Cortés Flores.

El ex subprocurador de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Alejandro Hernández Paz y Puente está preso por delitos contra la administración de justicia, también asegura que es inocente y más aún, que es víctima de una maquinación del gobierno federal para proteger a los elementos de la PF que estuvieron en el lugar de los hechos.

En calidad de prófugo permanece el ex subprocurador de Derechos Humanos César de los Santos Mendoza, quien tuvo el caso en sus manos desde la jornada del 12 de diciembre, a pesar de que las investigaciones debieron recaer en la subprocuraduría de Procedimientos Penales. Su paradero hasta el momento es un misterio.

El sobreviviente

De quien tampoco se conoce el paradero es de Marciano Peñaloza Gama, quien fuera director de Averiguaciones Previas y sobreviviera a un atentado que se ejecutó el 14 de marzo de 2012.

No murió en la emboscada que le tendió un grupo de hombres armados gracias al blindaje de la camioneta en que se trasladaba, estuvo varios días resguardado en las instalaciones de la 35 zona militar y posteriormente se ocultó.

Peñaloza Gama otorgó una sola entrevista telefónica,  en ella que dijo que su único problema era el caso Ayotzinapa y para reafirmarlo sostuvo: “Yo no recibo nada ni me dedico a otras cosas, solo hago mi trabajo y sí, a partir  de ese caso afecté muchos intereses”.

Pudo mirar a los agresores con claridad, pues uno de ellos hasta se montó en la camioneta para tratar de perforar el cristal: “Calzaban botas, playeras color gris y pantalón negro, además de que cubrían su rostro con pasamontañas”.

No corrió con la misma suerte el policía ministerial Osiris Pérez López, quien había estado a cargo de la seguridad de ex subprocurador César de los Santos y posteriormente de Marciano Peñaloza.

El atentado contra Pérez López se registró a escasos cien metros del edificio que resguarda a la Procuraduría de Justicia el 21 de febrero, fue abatido junto con otro elementos de los denominados académicos.

Ese hecho motivó que Marciano reforzara su seguridad y solo saliera de la PGJ a bordo de una camioneta blindada.

Del testigo y los enjuiciados

La PGJ presumió tener un testigo que involucró a la PF con la muerte de los estudiantes. Se trató de Jaime Galván Rodríguez; quien declaró ante las autoridades locales, en la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En septiembre se denunció la desaparición del denominado testigo protegido y posteriormente, la fiscalía local difundió la versión de que fue asesinado por órdenes de su concubina Margarita Arcos Nava, cuyo argumento central fue que no aguantaba los celos y las golpizas de quien era conocido bajo el alias de “El Diablo”.

Los compañeros de trabajo del finado contradijeron a la presunta auto-viuda-presa: “Ella le pegaba y le quitaba su dinero, entre otras cosas porque casi le doblaba la edad”.

Actualmente la Comisión Instructora del Congreso local desahoga un juicio político en contra del ex procurador de Justicia Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja, a partir de una solicitud promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CND).

López Rosas asegura que el juicio es irregular y pide el sobreseimiento, además amaga con demandar por la misma vía al presidente de la CNDH, ya que asegura que maniobró para proteger a la PF.

En todo caso, advierte que el juicio instruido por el Poder Legislativo de Guerrero tiene como ineludible ruta el descrédito de quienes lo promovieron, así como la incredulidad para quienes albergan la esperanza de que se haga justicia.

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En el último mes, el ex procurador Alberto López Rosas público un libro en el que da a conocer su versión y culpa de las secuelas del desalojo a la PF.

El 30 de noviembre, último día del mandato de Felipe Calderón se dio a conocer la emisión de 19 órdenes de aprehensión contra elementos de la PF, a partir de los hechos del 12 de diciembre.

En el Congreso local se comienza a pedir la comparecencia del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez a partir de que dio la orden de que la PIM acudiera al lugar.

“Quiero detenidos”, es la frase que López Rosas le acredita en su libro, la cual retumba en el inconsciente de miles de ciudadanos que han conocido el testimonio editorial del ex fiscal.