Rogelio Agustín Esteban/SNI
CHILPANCINGO, GRO. Al comparecer ante la Comisión
Instructora del Congreso local, el ex procurador de Justicia, Alberto López
Rosas solicitó el sobreseimiento del juicio político que se inició en su
contra, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no tiene
atribuciones legales para presentar denuncias.
El sobreseimiento es un tipo de resolución judicial que
dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que
justifiquen la acción de la justicia.
Para lo cual, López Rosas hizo una exposición de 56
minutos ante la comisión que preside el diputado local Omar Jalil Flores Majul,
en la que exhibió un resumen de los videos que ha logrado reunir a lo largo de
doce meses respecto a los hechos del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista
del Sol.
“He pedido que estos videos tengan valor probatorio y que
se sometan a una revisión pericial, pero en el gobierno federal se han
resistido a ello”, indicó.
Incluso, dijo que los hizo llegar a la CNDH, pero dicho
organismo los menospreció y lo mismo ocurrió en la Procuraduría General de la
República (PGR), dichos videos fueron tomados por las cámaras de vigilancia del
C-4 y algunos aficionados que los subieron a internet.
En la proyección se muestra a los elementos de la Policía
Federal (PF) cuando golpean, someten y disparan contra el grupo de estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa.
De manera cautelar
Dijo que la CNDH es una persona moral que no tiene entre
sus facultades legales presentar denuncias en contra de ciudadanos, razón por
la que el juicio que se inició en su contra carece de fundamento.
Por eso, al plantear su exposición ante los diputados
locales solicitó que consideren la posibilidad de sobreseerlo, para no
profundizar en lo que definió como una aberración jurídica.
En un primer instante lamentó que la CNDH haya presentado
la denuncia a través de apoderados legales y que no la haya firmado el
presidente, ya que la denuncia es un acto indelegable.
Aseguró que la CNDH, por ser una persona moral no está
facultada para promover denuncias y que en consecuencia, el presidente de la
CNDH está blindado, no hay margen para iniciar una acción penal, civil ni
administrativa en su contra en caso de que se configure un abuso, solo deja
espacio para el juicio político.
“Yo cuestiono el juicio promovido a través de un ente
moral, debió ser un ciudadano y por eso es que habremos de objetar la
representación de CNDH, comparezco de manera cautelar, por las razones de no
reconocer que una persona moral pueda presentar una denuncia de juicio
político”.
El ex fiscal guerrerense manifestó que tras el desalojo
del 12 de diciembre de 2011, desde el gobierno federal hubo tres estrategias
que influyeron para separar a la opinión pública de la objetividad; una
mediática, otra jurídica y la tercera de tipo político.
“Eso permitió establecer una culpabilidad temprana a las
autoridades locales”, dijo.
Integridad en riesgo
Durante toda la exposición, el ex procurador aseguró que
de los hechos del 12 de diciembre la PGJ y su Policía Ministerial tuvieron una
intervención marginal, ya que llegaron después de que habían caído muertos los
estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Sostuvo que primero envió 40 elementos desarmados y
después, ante los disparos y el incendio de la gasolinera se movieron 26
agentes armados con rifles R-15 y pistolas 9 milímetros.
Hasta el final defendió la versión de que los
ministeriales nunca abrieron fuego, pese a que el diputado Omar Jalil le recitó
un dictamen pericial en el que por lo menos uno dio positivo en la prueba de
balística.
Aunque hay dos policías ministeriales presos; Rey David
Hernández Flores e Ismael Matadama Salinas, destacó que estos no dispararon sus
armas de cargo, pese a que en las gráficas de diferentes medios de comunicación
aparecen accionando sus armas.
En cambio, destacó que hay pruebas certificadas por
estudios periciales de que 22 armas federales fueron accionadas por parte de
los elementos de la PF.
Indicó: “debo declarar que esto me ha puesto en riesgo, he
tenido que salir del Estado por seguridad, hoy vengo asumiendo mi
responsabilidad, pero he tenido que salir por espacio de varios meses”.
Sostuvo que ese día Guerrero puso los muertos y la
federación las armas, pero el caso sigue en la impunidad.
“La carretera fue una zona de guerra… obviamente, una
guerra desigual”, apuntó.
Enfatizó que la del 12 de diciembre es una investigación
es inacabada y que por lo tanto, no se puede juzgar a los implicados sin que se
hayan tomado todos los elementos que indican la necesidad de reiniciar la
investigación.
“No se ha llegado a la verdad histórica, mucho menos a la
verdad legal”.
En consecuencia, insistió en la necesidad de analizar la
causal de sobreseimiento.
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